Efrén Díaz (Aedae): "El marco jurídico espacial internacional es viejo, pero no está obsoleto y es válido"
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Entrevista

Efrén Díaz (Aedae): "El marco jurídico espacial internacional es viejo, pero no está obsoleto y es válido"

El secretario general de la Asociación Española de Derecho Aeroespacial adelanta el contenido del IV Congreso Jurídico Espacial que arranca hoy en Tres Cantos para poner sobre la mesa las cuestiones legales del sector
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Efrén Díaz. Firma: AEDAE.
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Hoy día 3 de octubre arranca en Tres Cantos el IV Congreso Jurídico Espacial. Organizado por la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (Aedae), en colaboración con el Ayuntamiento de esa localidad al norte de Madrid, el evento reúne hasta mañana jueves 4 de octubre a representantes de instituciones, de empresas de primer nivel de la industria espacial, de clústeres espaciales, de bufetes especializados en este segmento. 

El secretario general de la Aede, doctor en Derecho, Efrén Díaz, autor del Código Geoespacial español, ha conversado en exclusiva con infoespacial.com para adelantar el contenido de este Congreso y abordar otros temas candentes como la gestión de los desechos espaciales o el lanzamiento de satélites de demostración.  

¿Cuáles son los principales objetivos de este Congreso?

El principal motivo del Congreso es dar continuidad a la actividad que realiza la Aedae. Este objetivo forma parte de nuestros fines estatutarios para la mayor difusión del contenido espacial. Normalmente contamos con partners de primer nivel como las empresas que tenemos la suerte de contar como apoyo en el Congreso y también como colaborador con la participación del Observatorio Jurídico Espacial, de la Universidad Complutense de Madrid.

El objetivo del Congreso se enmarca en la faceta institucional, las necesidades legales de la industria, la nueva regulación espacial europea, los requisitos para el lanzamiento de objetos espaciales, pero este año también hemos querido dar entrada a los denominados clústeres espaciales, entendiéndolos como asociaciones; en España hay varios.

Y lo hemos tratado de concentrar en Tres Cantos, ciudad líder en el sector espacial en España (si el 90% del sector está en la Comunidad de Madrid, más del 70% está en Tres Cantos), compatible con zonas como Getafe, donde está Airbus, compatible con Leganés, donde está la Universidad Carlos III de Madrid.

Otra novedad importante de esta edición será reforzar el papel de la economía espacial, entendiendo que es la inversión en el sector espacial; inversión en el doble sentido, tanto de la administración pública que invierte, como de inversores privados. Pero también facilitar la inversión a las empresas que la buscan.

Otro punto importante quiere ser la sostenibilidad, donde contamos con empresas pioneras del sector como GMV, Hispasat, Startical, Sener, que lideran en España, pero también en Europa proyectos relevantes de sostenibilidad espacial. También para entender cómo gestionarlos. GMV, por ejemplo, lidera un proyecto para fabricar un artefacto capaz de capturar residuos espaciales.

Puede ser una imagen de textoCartel del IV Congreso Jurídico Espacial 2024. Fuente: Aede.

También recogeremos la problemática de los desechos espaciales, contando con los representantes de la Agencia Espacial Europea que han firmado la llamada ESA Zero Debris Charter.

Creemos que es un programa muy amplio y concentrado par dar cobertura a las necesidades del sector.

¿Qué otras actividades promueve la Aedae?

Esta es una de las principales actividades, pero luego hay otras de difusión, como es la publicación del boletín jurídico y de la revista de la asociación, donde escribimos autores expertos.

En el reciente Congreso New Space España celebrado en Vigo la semana pasada se dijo que el marco regulatorio espacial es escaso y se ha quedado obsoleto. ¿Está de acuerdo con esa idea?

No estoy del todo de acuerdo. Los tratados internacionales del espacio que conforman el actual régimen jurídico del espacio, ciertamente, se pensaron en un momento muy particular en base a tres elementos: era un momento de inicio de la actividad espacial, y se la consideraba ultrapeligrosa, y lo sigue siendo. El segundo elemento es que, aunque era durante la Guerra Fría, se trataba de una carrera espacial en el ánimo de llegar primero a... Eso existe ahora, pero referido a las empresas privadas.

Los tratados, que fueron cinco, fueron muy pensados para ese momento, donde había más consenso internacional que el actual para hacerlos. Lo que hoy cambia es el efecto de fragmentación política. Hoy no hay un consenso internacional suficiente para reelaborar o actualizar el marco jurídico espacial.

Pero es importante destacar que existe ese marco, que, aunque sea escaso, es suficiente y que, siendo suficiente, sería idóneo una actualización para no hacer depender la aplicación de esas normas del criterio de quienes tenemos que aplicarlas, como abogados en este caso.

Es verdad que el marco es viejo, pero no está obsoleto y es válido hoy. Los tratados responden a los problemas que hoy siguen existiendo. El primero es de 1967, el Tratado del Espacio Exterior: qué hacer allí y cómo. El segundo es de 1968, de rescate y salvamento de astronautas. Es tan válido que ha dado respuesta a los astronautas varados en la Estación Espacial Internacional. Luego se aprobó el Convenio de Responsabilidad, de 1972, para determinar quién responde en tierra, en el espacio, en qué casos y de qué modo.  El cuarto, de 1975, es el Convenio de Registro de Objetos Espaciales, con la peculiaridad de que, a diferencia de los vehículos terrestres, los satélites y los objetos espaciales se registran o matriculan una vez que llegan a su órbita, no antes. Y finalmente está el Tratado de la Luna, de 1979, que ha tenido pocas ratificaciones.  

Con este marco normativo, más las normas estatales, más la regulación de los llamados Principios de Naciones Unidas, se ha ido atendiendo a las necesidades regulatorias.

Sí hay una novedad que no estaba en esos tratados, que es la distinción entre militarización y weaponización del espacio. Que usemos el espacio como defensa es legítimo, que lo usemos como arma de guerra no lo parece. Ahí sí convendría clarificar quién actúa, cómo y para qué.

Otro detalle es que el Tratado de 1967 incluye expresamente a entidades no gubernamentales, lo que es muy importante, porque es lo que hoy entendemos como empresas privadas.

Entonces, ¿qué actualizaciones son necesarias?

La respuesta en corto es muy complicada. Son múltiples las facetas donde se requiere esa actualización. Y puestos a actualizar, habría que aprovechar para una muy amplia. Por enumerar dos puntos relevantes, podríamos vislumbrar las actualizaciones para lanzamientos y para objetos espaciales. Para la primera, facilitar los lanzamientos, por temas de jurisdicción, control, seguridad, doble uso (civil y militar), posibilidad de seguros para el transporte de los elementos embarcados en un cohete, el propio cohete, el lugar de lanzamiento, con qué garantías, bajo qué regulación… Esto es muy relevante porque en la actualidad no existe una clara autonomía de lanzamientos. Si Europa no tuviera Kourou, no podría lanzar. Y si no tuviera cohetes propios como el Ariane 6 o el Miura 5, tampoco podría. Tendría una total dependencia de la NASA o SpaceX y no tendría el apoyo de otras regiones del mundo como pudo ser Rusia en su momento, desde cuyas bases se pusieron en órbita módulos de la ISS y otros objetos.

En cuanto a objetos especiales, me parece que es importante recoger dentro de la regulación internacional todo lo relacionado con los satélites de empresas privadas para facilitar su mayor despliegue, en condiciones de seguridad, permitiendo que esa actividad no sea solo legítima sino más eficiente y productiva en interés de la sociedad, porque so múltiples las aplicaciones del espacio en la Tierra. A mi me gusta decir que el espacio se hace en la Tierra, y que el espacio mira a la Tierra, pero no en un sentido egoísta.

Esto deriva en otra reflexión muy importante. Los objetos de empresas privadas no son solo privados. Su usabilidad no se limitaría a lo privado. Si hubiera que utilizar satélites para comunicaciones en una pandemia, no digo que se confisquen, pero se podrían ser dirigidos para un uso únicamente privado y comercial, sino también como servicio público, como se hacen con las constelaciones Copernicus y Galileo, el primero de observación de la Tierra y el segundo para geolocalización.

Esto hay que destacarlo para que la regulación futura sepa que tiene que venir a ayudar a las personas, no solo a las empresas.

¿Cuáles son las actuales necesidades legales de la industria espacial?

En el caso de España, destacaría el nuevo contexto legal a raíz de que existe una nueva Agencia Espacial Española. Eso es un fenómeno histórico en España. Es la primera vez que tenemos como tal una agencia espacial, al margen de preguntarnos cuál fue su origen, que es muy particular. Creo que lo relevante sería identificar los importantes fines generales y específicos que tiene la Agencia en este momento, y las numerosas competencias que tiene en materia de espacio. Eso no sería una necesidad, sino un nuevo marco del que habrá que desplegar una serie de normativas.

Quiero puntualizar que deberíamos tener cierto equilibrio para no ir más lejos de lo que haya querido ir el legislador español. Que tengamos una Agencia Espacial no significa que ahora haya que derogar y rehacer leyes que se aplican a la actividad espacial. Pongo un ejemplo muy importante: la propiedad intelectual, que es una normativa general que vale para el arte, la ciencia, la literatura, el fútbol… ¿Tendría sentido hacer una ley de propiedad intelectual espacial? A priori, para mí, no.  Lo que habrá que hacer es ver qué adecuaciones requiere esa normativa general para un caso espacial.

Además de la Agencia, otro punto muy relevante en España que está siendo objeto de modificaciones por parte del Gobierno es el único Real Decreto de actividad espacial en España. Es el Real Decreto de Registro de Objetos Espaciales [278/1995], el lugar donde se matriculan los satélites a través de una coordinación con Naciones Unidas. A esta norma se han incorporado dos puntos que a la industria espacial no le han gustado nada. Uno es la imposición de un seguro obligatorio, sin excepciones, al objeto espacial por el riesgo de daño que pueda causar. Y también se ha planteado, entre otras modificaciones no incluir en el nuevo Registro la baja de los satélites. Soy de los especialistas que aboga por incluir la baja, por un tema de responsabilidad, porque los grandes satélites se lanzaban para que se quedaran allí; hoy en día los pequeños se desorbitan y se desintegran en la atmósfera. También apoyo que se incluyan excepciones al seguro obligatorio, por ejemplo, con respecto a los satélites de demostración o los satélites de muy pequeño tamaño que se desintegren en meses. Porque si solo se lanza si hay seguro, eso forzará que los lanzamientos se hagan en otros países donde no se lo exijan. Puede ser un desincentivo enorme al desarrollo industrial espacial en España.

Centro espacial europeo en la Guayana Francesa. Foto ESAUna de las instalaciones del centro espacial francés sito en Kourou (Guayana Francesa). Firma: ESA

¿El seguro de lanzamiento es obligatorio en otros países europeos vecinos como Francia y Alemania?

En Francia sí, porque tiene agencia y puerto espaciales. Alemania no tiene ni uno ni otro. Que una empresa como PLD Space [propietaria del cohete Miura 5] pueda ya plantearse lanzar desde Kourou [el puerto espacial francés] supone que va a regirse por la normativa francesa que impone un seguro para cubrir daños hasta 60 millones de euros. Por lo menos hay un límite. Francia sí excepciona los satélites demostradores.

¿Es suficiente la inversión que se está haciendo en la industria espacial española?

Toda inversión es poca en un sector estratégico, pero como la economía va de recursos limitados, desde luego creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande en cuanto a inversión. Por ser un poco crítico, lo que no confundiría con inversión es que España ha ejecutado el PERTE Aeroespacial metiendo dentro la contribución de España a la ESA. Me parece que eso no es una inversión, sino una cuota que hay que pagar, que podría salir de los Presupuestos Generales del Estado o se ha sacado del PERTE. Me parece que con eso se está desnaturalizando el sentido del PERTE, que era ayudar a las empresas.

¿Cree que el espacio es ahora sostenible teniendo en cuenta el problema que representa la gestión de la basura espacial?

Para mí ya es plausible que se esté haciendo un esfuerzo en aras de la sostenibilidad. Tomar conciencia del problema ya es un paso importante y más en estas materias que son, a veces, un tanto difusas. Creo que el trabajo que están haciendo empresas concretas españolas está ahí. De hecho, han sido merecedoras de la confianza de la propia ESA. Además, en tercer lugar, no solo que haya conciencia y que se estén poniendo medios, sino que también para los lanzamientos se impongan medidas obligatorias de sostenibilidad, algunas jurídicas, otras contractuales o buenas prácticas del sector. Mi lectura es positiva.  No quiero ser agorero ni posibilista porque la reflexión que cuesta despejar es que los primeros en llegar a la colonización del espacio han tenido décadas para una explotación sin control. ¿Por qué Europa, antes de llegar a colonizar el espacio, se plantea ser verde? Nos podemos plantear ser limpios, pero ¿ser verdes? Porque también hay que poner encima de la mesa la pérdida de oportunidad, de desarrollo, de negocio, también en beneficio de la Tierra y la sociedad. La ESA ha decidido que seamos green, sostenibles, pero ¿sabemos que estamos perdiendo oportunidades?

¿Cuáles son los casos de asesoramiento que más os plantean las empresas espaciales?

Desde Aedae no se asesora, solo se da información y se orienta. Los que somos abogados en este sector sí damos solución a problemas tan importantes como propiedad intelectual/industrial, problemas de doble uso civil y militar, el desarrollo de toda la parte empresarial necesaria para gestionar misiones, toda la parte administrativa para telecomunicaciones llamado recurso órbita espectro, la preparación de contratos y acuerdos tanto entre empresas privadas como con organismos públicos para facilita la compra-venta público-privada, la emisión de informes cualificados jurídicos para resolver dudas donde la ley deja márgenes de interpretación, toda la actividad administrativa del registro de objetos espaciales, a parte de cuestiones tan sensibles como las relativas a la  sostenibilidad.



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