La Constelación Atlántica y el papel de la Agencia Espacial Española (AEE): un análisis jurídico y administrativo

La reciente puesta en marcha de la Constelación Atlántica representa un hito para la cooperación espacial entre España y Portugal. Este ambicioso proyecto de observación terrestre, liderado por la Agencia Espacial Española (AEE), busca otorgar a ambos países de una infraestructura satelital avanzada para la monitorización del medioambiente, la gestión de emergencias y el desarrollo sostenible. 

Sin embargo, más allá de sus implicaciones tecnológicas y estratégicas, la Constelación Atlántica compuesta por dieciséis satélites de observación terrestre, ocho de ellos españoles y los otros ocho portugueses, plantea importantes cuestiones jurídicas y administrativas que merecen ser analizadas desde una perspectiva normativa.

La Constelación Atlántica es, sin duda, un proyecto que posiciona a España como un actor relevante en el sector aeroespacial europeo e internacional. Sin embargo, las implicaciones jurídicas y administrativas no son menores. La regulación del uso de los datos obtenidos por los satélites, la protección de la información sensible y la correcta implementación de los procesos de licitación son algunos de los aspectos más críticos.

A nivel internacional, España tiene la obligación de cumplir con la normativa que regula las actividades espaciales, lo que implica una responsabilidad directa sobre las actividades desarrolladas mediante los satélites de la Constelación Atlántica. Entre los tratados internacionales relevantes destacan el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 y el Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, hecho en Londres, Moscú y Washington, el 29 de marzo de 1972, los cuales imponen a los Estados la responsabilidad internacional sobre las actividades espaciales realizadas por sus agencias y entidades privadas. 

A nivel nacional, es necesario contar con un marco legal robusto que regule la seguridad, la gestión de infraestructuras y la protección de datos. El marco normativo debe garantizar no solo la protección de la información sensible generada, sino también la sostenibilidad del proyecto y su eficacia a largo plazo.

La Agencia Espacial Española (AEE), creada mediante el Real Decreto 158/2023, de 7 de marzo, se configura como un organismo autónomo (Art. 6) con personalidad jurídica pública, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y al Ministerio de Defensa. Su función principal es coordinar las actividades espaciales nacionales y gestionar la participación de España en programas internacionales, lo que la convierte en la entidad idónea para liderar la Constelación Atlántica.

Desde una perspectiva normativa, la AEE debe operar bajo el marco del Derecho Internacional del Espacio, particularmente en lo relativo a los Tratados y Principios de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, que impone a los Estados la responsabilidad internacional sobre las actividades espaciales realizadas por sus agencias y entidades privadas. Además, el Convenio de Registro de 1974 obliga a España a inscribir los satélites de la Constelación Atlántica en un registro nacional y en el de las Naciones Unidas.

En el ámbito interno, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación proporciona el marco general para la investigación y desarrollo de tecnologías espaciales, mientras que la Ley de Secretos Oficiales podría ser relevante en lo que respecta a la protección de información sensible derivada de los datos obtenidos por los satélites.

Reto tecnológico y administrativo

Hacer realidad la Constelación Atlántica no solo implica un reto tecnológico, sino también administrativo. La fabricación de los satélites, el desarrollo de estaciones terrestres y la gestión de los servicios asociados requieren de empresas especializadas. Para ello, la colaboración entre Agencias Espaciales Portuguesa y Española debe seguir un proceso de contratación pública que garantice transparencia y competencia entre los posibles proveedores.

El objetivo es asegurarse de que las empresas que participen en el proyecto tengan la capacidad técnica y financiera suficiente para cumplir con los exigentes requisitos del sector espacial. Para ello, la AEE junto con la Agência Espacial Portuguesa establece un proceso de selección en el que se valoran aspectos como la innovación tecnológica, la viabilidad del proyecto y el coste de las propuestas.

Además, dada la sensibilidad de ciertos aspectos del programa, no es extraño que se introduzcan medidas adicionales para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información. En el ámbito espacial, la protección de datos estratégicos y la gestión de infraestructuras críticas requieren especial atención, lo que puede traducirse en contratos con cláusulas de acceso restringido o condiciones específicas para las empresas adjudicatarias.

Más allá de la innovación científica y tecnológica, la puesta en marcha de la Constelación Atlántica es también un ejercicio de gestión pública eficiente. Un proyecto de esta magnitud no solo debe cumplir con los estándares más altos en materia espacial, sino que también debe responder a principios de transparencia, competitividad y seguridad, asegurando que cada euro invertido contribuya al fortalecimiento del sector aeroespacial nacional.

No se debe olvidar que, al ser un proyecto de colaboración nacional que involucra a España y Portugal, también se enfrenta a desafíos jurídicos y administrativos derivados de la cooperación entre dos países. La correcta coordinación de las actividades y la integración de los sistemas y tecnologías de ambos países requieren un marco legal y administrativo que facilite la cooperación transfronteriza sin que ello implique conflictos de jurisdicción o dificultades operativas. La armonización de los marcos regulatorios, la coordinación de políticas públicas y la resolución de disputas son elementos clave para el éxito del proyecto.

En definitiva, la Constelación Atlántica representa un avance significativo en la cooperación espacial entre España y Portugal, consolidando la capacidad de ambos países para monitorear su entorno y responder a emergencias. A través de la AEE, España asume un papel clave en este proyecto, enfrentándose a importantes retos jurídicos y administrativos. Es crucial que, a medida que el proyecto avanza, se continúe desarrollando y perfeccionando el marco legal y administrativo necesario para garantizar su éxito.