España y el Espacio Ultraterrestre

La participación de España en la Agencia Europea del Espacio (ESA) como uno de los socios fundadores ha marcado una importante seña de identidad relativa al interés en materia de actividades espaciales. Las empresas y centros de investigación españoles tienen una implicación cada vez más profunda en las misiones de la ESA, con lo que, sin duda, se acrecienta el desarrollo científico y tecnológico español.

España contribuye, como el resto de Estados Miembros, a financiar las misiones de la división de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la ESA. Es interesante destacar que las operaciones científicas, de todas estas misiones, se llevan a cabo en España desde el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) que la ESA tiene en Villanueva de la Cañada en Madrid. Además, España participa, en el marco de su agenda política y económica, en los programas opcionales de la agencia, como, por ejemplo, Galileo, la Estación Espacial Internacional (ISS) o los satélites de Observación de la Tierra.

Cada país miembro de la ESA tiene que pagar una contribución proporcional a su PIB al programa obligatorio (la de España es de casi el 7%), con la que se financian, sobre todo, las actividades científicas y los gastos de funcionamiento. El resto de los proyectos de desarrollo tecnológico, incluidos los de observación de la Tierra, las telecomunicaciones, la preparación de astronautas o los proyectos de las naves espaciales tripuladas, se financian con el dinero que los países deciden aportar para cada proyecto, dado que estos programas optativos son especialmente estratégicos y con gran impacto en la política industrial de los Estados miembros.

Las contribuciones, obligatoria y opcional, de España generan retornos que revierten en forma de contratos para la industria española; igualmente, esta participación supone, para la comunidad científica, la posibilidad de investigar con la más avanzada tecnología espacial.

Sin embargo, la crisis económica mundial ha hecho mella en nuestra economía, y por ende, en nuestra política espacial. En este sentido, a pesar de que la financiación española de los programas de la ESA había aumentado significativamente en los Consejos Ministeriales de Berlín (2005) y de La Haya (2008) (situándose así como quinto país contribuyente, tras Francia, Alemania, Italia y Reino Unido con un compromiso de 677 millones de euros para el periodo 2009-2011), España, lamentablemente, redujo a la mitad su participación en los programas, en particular para el año 2014, con un presupuesto de 102 millones de euros en 2013, frente a los 200 millones de euros anuales comprometidos en años anteriores.

Por ello, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio (TEDAE) y su Comisión ProEspacio, dirigieron una carta oficial el 5 de octubre 2013 a la Secretaría General de Industria y al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), indicando que, más que nunca, en las circunstancias actuales: “España no puede permitirse ceder gratuitamente a otros países europeos el gran capital humano, tecnológico e innovador que tanto hemos tardado en construir y que tanta proyección de futuro tiene”. Agregaban que, “la industria podría verse obligada a deslocalizar ciertas áreas de actividad trasladándolas a otros países”. Y, en esta línea, TEDAE y ProEspacio proponían “una dotación extra” de 60 millones de euros en el presupuesto de 2013, pues entendían que se trataba de una cantidad muy modesta comparada con el coste político que estaba en juego.

La reacción no se hizo esperar. Como consecuencia de la presión de las empresas dedicadas al sector espacial, de la progresiva recuperación económica y de la toma de conciencia sobre la importancia del sector aeroespacial, el Gobierno español, en el Consejo Ministerial de la ESA de diciembre de 2014, celebrado en Luxemburgo, anunció que España aportaría una inversión de 344,5 millones de euros en programas espaciales, de acuerdo a lo aprobado por su Consejo de Ministros. Dicha inversión iría destinada a financiar la participación de las empresas españolas en los programas propuestos por la ESA en el citado Consejo Ministerial. España aportaría 46 millones de euros a los programas de la Agencia y 17 millones de euros para el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional (ISS). Además, nuestro país podría realizar un salto cualitativo en el área de lanzadores contribuyendo de manera significativa en el programa del nuevo lanzador Ariane 6.

Esto ha supuesto un importante espaldarazo para nuestro país, al punto que los países miembros de la ESA han aprobado, por unanimidad, que España organice el Consejo Ministerial de la ESA previsto para el año 2019, “como reconocimiento al creciente papel de nuestro país en la actividad espacial europea”; como continuación del que tendrá lugar en Suiza en 2016. La celebración de un Consejo Ministerial en un Estado miembro es un evento de gran importancia para dicho Estado, dado que además de la visibilidad que obtiene, aumenta su capacidad de influencia dado que ello le permite presidir todas las reuniones preparatorias gestionando la agenda. Asimismo, representa, para nuestro país, una buena oportunidad para conseguir una mejor visualización internacional de la capacidad tecnológica-industrial de España en el sector espacial.

Este marco reclama una puesta a punto de la legislación española en materia de actividades espaciales. Por otra parte, los Estados con intereses en las actividades espaciales han creado agencias nacionales que han servido para unificar criterios; en España, la encomiable labor que realizan CDTI y del INTA no se vería menoscabada por un acuerdo nacional para la creación de una Agencia estatal en estas materias, siempre que se lograse desarrollar un proyecto de altas miras que superase las posibles tensiones funcionales entre estos organismos.

En este contexto, organizamos, del 24 al 26 de agosto pasado, en la Universidad Internacional de Andalucía (sede Antonio Machado, Baeza, Jaén) un encuentro de alto nivel sobre “España y el Espacio Ultraterrestre: retos institucionales, jurídicos y tecnológicos”. Con tal fin, se abordaron temas como la Comisión de Naciones Unidas para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos (UNCOPUOS); el Centro Europeo de Derecho del Espacio (ECSL); la Agencia Italiana del Espacio (ASI); la ESA y sus relaciones con otras agencias espaciales y el papel de España; la experiencia de la empresa española en el sector aeroespacial; las actividades del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA) y las posibilidades de creación de una Agencia espacial española; el Centro Español de Derecho Espacial (CEDE) y las perspectivas de una Ley española para el espacio ultraterrestre; la evolución de la ciencia y la tecnología españolas en materia de actividades espaciales; la política espacial de la Unión Europea; los desafíos de España en el ámbito aeroespacial y la importancia de desarrollar un código de conducta a nivel mundial.

Todos estos temas se analizaron de la mano de especialistas en la materia tales como el profesor Sergio Marchisio, presidente del ECSL; el doctor Marco Ferrazzani, jefe del Servicio Jurídico de la ESA; César Ramos Villena, director general de TEDAE; Carlos Tamarit de Castro, funcionario del INTA; el embajador Antonio Ortiz, presidente del CEDE; Valeriano Claros Guerra, miembro de la Real Academia Hispano Americana de las Artes, Ciencias y Letras; así como los autores de este artículo, a la vez ponentes y responsables del encuentro.

La principal conclusión del mismo fue que nuestro país debe seguir manteniendo su posición de liderazgo en el plano internacional en materia espacial y no perder el salto cualitativo que se ha dado en el Consejo Ministerial de la ESA en 2014. Por ello, se presentan para un futuro, esperemos más próximo que lejano, dos grandes retos: por un lado, la creación de una Agencia Española del Espacio, con el acuerdo de todas las partes implicadas, tanto a nivel público como privado, y, por otro lado, la adopción de una Ley española para la regulación de las actividades en el espacio ultraterrestre, respetuosa con nuestros obligaciones internacionales y europeas, que pudiese encontrar también el mayor consenso entre los sectores públicos y privados involucrados. Con ello, podríamos mostrarnos ante la Comunidad internacional como un país moderno, con capacidad de afrontar los retos del espacio ultraterrestre con la cobertura institucional, jurídica, científica y tecnológica apropiada, así como un país que ofrece un entorno competitivo y seguro para el desarrollo de la actividad empresarial en el sector espacial.